El sindicalismo chileno aspira a fortalecer su capacidad de negociación para enfrentar la precariedad laboral en que se encuentran buena parte de los trabajadores, coincidieron en señalar representantes de organizaciones sociales y sindicales.
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Actualmente, los trabajadores “no encuentran un colectivo fuerte que represente sus derechos ante las empresas”, explicó a Efe el vicepresidente de la Central Unitaria del Trabajadores, Nolberto Díaz.
El 50 % de los trabajadores gana menos de 263.000 pesos al mes (478 dólares), lo que roza el sueldo mínimo y les obliga a complementar su sueldo con créditos que provocan un endeudamiento masivo que afecta al 70 % de los hogares chilenos, según datos proporcionados por el Banco Central.
“No hay forma de que los trabajadores puedan ejercer un contrapeso frente a la precariedad laboral ya que la ley que los ampara es de 1979″, explica la antropóloga social, Karina Narbona, de la Fundación Sol, una institución sin fines de lucro que investiga y asesora sobre trabajo y educación.
A la debilidad institucional de los sindicatos, amparada por una legislación laboral que data de 1979 y que sigue vigente, se suman prácticas de hostigamiento encubierto a trabajadores disidentes, apunta esta antropóloga.
La precariedad laboral, especialmente, notoria en algunos sectores, ha quedado de manifiesto tras un reciente suceso, la muerte de Marco Antonio Cuadra, un conductor de autobús de 48 años que se quemó a lo bonzo para protestar por el acosa a los sindicatos y las malas condiciones laborales.
Los empleados, especialmente los que pertenecen a empresas que son subcontratadas, “se sienten indefensos”, porque o no hay centrales que les representen o existe una atomización sindical que fragmenta la defensa de los trabajadores, señala Narbona.
“Las empresas pueden establecer mecanismos de presión que de forma soterrada terminan por asfixiar a la organización sindical”, señala la investigadora de la Fundación Sol.
Por ello considera importante “establecer una legislación que no ponga trabas a la negociación colectiva” con medidas como “permitir agrupaciones externas a la empresa y habilitar un verdadero derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores”.
Un punto de vista que comparte Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, quien en una reciente entrevista con Efe abogó por fortalecer el movimiento sindical, validar el derecho a huelga y expandir la negociación colectiva.
En opinión de la líder sindical, los trabajadores chilenos hace décadas que perdieron su poder y para recuperarlo es necesaria una reforma laboral en profundidad.
Debido a la “atomización de los colectivos”, el sector más vulnerable en Chile es el de la subcontratación, al cual pertenece el 40 % de los nuevos empleos generados en los últimos cuatro años, según el análisis de la Fundación Sol.
“Métodos como la ‘gestión por estrés’ y el ‘salario emocional’ no son líneas diferentes, sino estilos de acabar con el sindicalismo”.
El primero utiliza medidas como la polifuncionalidad, el sueldo por metas y la intimidación, mientras que el segundo busca elevar la moral del trabajador sin aumentar su retribución.
Un caso emblemático de la precariedad sindical en Chile es el de las empresas del Transantiago, el sistema de transporte público de la capital chilena, coinciden organizaciones sociales y sindicales.
Las condiciones desfavorables, con sistemas de bonos, listas negras y jornadas excepcionales, pueden provocar en el trabajador “nerviosismo, aislamiento, problemas de sueño y falta de concentración”, explica Narbona.
“En el Transantiago los empresarios han actuado de forma miserable, no sólo porque pagan sueldos ínfimos, sino porque han creado división en los trabajadores, con pequeños sindicatos que son caldo de cultivo para el abuso”, afirma el vicepresidente de la Central Unitaria del Trabajadores, Nolberto Díaz.
Para protestar por las malas condiciones laborales y homenajear al sindicalista que se inmoló, la Central Unitaria de Trabajadores convocó para este jueves un paro de conductores de autobuses.
Sin embargo, la adhesión fue tan baja, que el 98 por ciento del sistema de transporte público siguió funcionando.
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