El sistema de fondo de pensiones hace agua en un Chile neoliberal extremo. La presidencia tendrá que tomar cartas en el asunto.
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| ElCiudadano.cl |
Se constituyó la “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”. La reforma de 2008, durante la primera administración de Michelle Bachelet, fue importante porque enfrentó la problemática de sectores marginados del sistema o que recibían beneficios marcadamente insuficientes. Al mismo tiempo, mantuvo vigente el mecanismo existente y aumentó los recursos que recibiría. De allí las críticas que se le hacen y que deberían ahora enfrentarse. Sin embargo, la exclusión en su constitución de Cenda, que sostiene la necesidad de terminar con el sistema de AFP y reconstruir un sistema público basado en el esquema de reparto, conduce a la conclusión que no se busca una discusión en que estén presentes las diferentes alternativas, sino efectuar algunos ajustes en el sistema de las administradoras creado en los años de dictadura y que perdura hasta el día de hoy, conformado no como un mecanismo de seguridad social sino como un instrumento para colocar los recursos de los imponentes al servicio de grandes intereses financieros. En febrero, manejaba activos por US$161.194 millones. Su transformación es exigida ante todo porque los beneficios que otorga son reconocidamente insuficientes, como lo destacó la presidenta Bachelet.
Al finalizar abril Michelle Bachelet firmó el decreto que establece la “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”, conformada por 25 integrantes nacionales y extranjeros. La determinación fue fundamentada, manifestó la presidenta al suscribir el decreto, como el inicio de “un proceso fundamental de reflexión y de debate, para que los chilenos cuenten con pensiones dignas y adecuadas a sus necesidades. Para nadie es una secreto –agregó- que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores y trabajadoras, hay quienes han cotizado toda la vida y aún así obtendrán una pensión deficiente”. En cuanto al papel ejercido por las administradoras manifestó que “han perdido credibilidad en la ciudadanía y su modo de financiamiento merece ser analizado” (30/04/14).
Desde luego la “pérdida de credibilidad” muestra que el análisis del sistema de AFP ya se inició desde hace bastante tiempo, aumentando en este lapso las formulaciones planteando “no más AFP”. Ello lleva a la conclusión que el análisis debe necesariamente efectuarse teniendo en cuenta esta alternativa. Es la posición que expresó al concurrir al acto de firma del decreto la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. “La presidenta ha dicho –señaló- que va a escuchar todas las voces, y la nuestra, que al menos viene desde el mundo de los trabajadores, es terminar con el sistema de AFP (…), nosotros lo que esperamos es que (…) se construya un modelo nuevo (…). Es decir –concluyó- que se pueda construir un sistema de reparto, solidario” (30/04/14).
Sin embargo, esta formulación no aparece considerada en la constitución de la comisión asesora, a pesar que se destacó por la presidenta que ella se caracterizaría por su “transversalidad”, teniendo presente “las distintas sensibilidades políticas”. “(…) es un proceso que queremos que sea altamente participativo –planteó- pero también de un alto nivel técnico, y que nos permita hacernos cargos de las claras insuficiencias de nuestro sistema previsional. Hoy –añadió- a más de treinta años (…) es un deber revisar si ese sistema ha cumplido o no con las promesas con la que se puso fin al sistema público de reparto”. La exclusión de Cenda de la comisión asesora está en oposición a los criterios de transversalidad. Es indiscutible que Cenda ha sido un actor protagónico en el cuestionamiento del sistema de fondos de pensiones por muchos años, y sus análisis técnicos, que han servido de apoyo a las formulaciones de muchas organizaciones sindicales y sociales, constituyen un elemento imprescindible si se quiere realmente tener presente las diversas alternativas.
Por otro lado, se nominó al profesor Ricardo Paredes que es público fue contratado por la asociación de las AFP para efectuar un estudio a favor del cuestionado sistema existente. El organismo empresarial es presidido desde mayo de 1999 por Guillermo Arthur, que fuese ministro de Trabajo en el período de la dictadura y participase en la fundación de la UDI. Las propuestas de Paredes van en la dirección de aumentar los recursos manejados por las administradoras. En sus formulaciones está el aumento de las cotizaciones. “Por ello –adelantó-, herramientas como el aumento de la edad de pensionarse, el equiparamiento hombre-mujer (…) y el cofinanciamiento estatal (…) eventualmente sirven un propósito similar” (04/05/14).
La exclusión de formulaciones cuestionadoras al sistema de AFP conduce a la conclusión que se buscaría acotar el campo de la discusión, reduciéndolo a modificaciones dentro del esquema existente. En esa dirección se pronunció el nuevo superintendente de pensiones, Alvaro Gallegos, en sus primeras declaraciones publicas antes que comenzase a funcionar la Comisión de Expertos, manifestando que el sistema de AFP necesita reformas y no un cambio radical, lo que el Ejecutivo busca, explicitó, es “profundizar las reformas que se hicieron en la Comisión Marcel”, que condujo a la Reforma Previsional de 2008, que creó importantes mecanismos a favor de sectores excluidos del sistema o con beneficios muy bajos, pero que a su vez reforzó el sistema de AFP, incrementando los recursos en sus manos.
“Cenda ha sido excluida –se expresa en una carta abierta del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo a la presidenta de la República- porque ha llegado a la conclusión que hay que terminar con el sistema de AFP. Ha demostrado que este legado de la dictadura es la causa principal de las bajas e inciertas pensiones, discriminación contra las mujeres y otros problemas que afectan a los jubilados. Asi mismo, constituye uno de los orígenes de la injusta distribución del ingreso. Al mismo tiempo, ha comprobado la viabilidad de reconstruir el sistema púbico basado en el esquema de reparto, medida que permitiría duplicar ahora las pensiones, al mismo tiempo que liberar cuantiosos recursos fiscales. Todo ello, -se agregó- porque se trata de un sistema introducido mediante la represión, con el objetivo principal de obligar a los trabajadores a contribuir con ahorro forzoso al financiamiento de los grandes grupos empresariales. Ello ha sido reconocido en esos términos, hace pocos días, por uno de los principales diarios financieros del mundo”.
Lamentablemente durante la campaña presidencial el tema previsional no fue particularmente considerado, a pesar de su impacto negativo en la gran mayoría de la población. El Programa de Gobierno, además de valorar la reforma previsional de 2008, se comprometió a la creación de la comisión asesora recién implementada, y a proponer un proyecto de ley para la constitución de una AFP estatal, que todavía no se dio a conocer, con la idea que permitiera una mayor competencia de precios, terreno en el cual con las comisiones establecidas en las licitaciones de nuevos afiliados ya deja un campo de reducción no relevante (Planvital ganó la tercera ofreciendo una comisión de 0,47%), así como la necesaria atención de sectores que cuentan con una escasa preocupación de parte de las AFP existentes. Independientemente de los avances que este instrumento de crearse logre en los objetivos reseñados no modifica en lo fundamental el cuestionado sistema creado en los años de dictadura.
Un cambio radical en el sistema de pensiones no solo es necesario por los bajos beneficios que proporciona a los imponentes, que obviamente es un tema prioritario, sino además por numerosas características que están en su esencia desde que nació. Es un mecanismo de ahorro forzoso diseñado exclusivamente para los trabajadores, los cuales no tienen ninguna injerencia en sus determinaciones. No está concebido como un mecanismo de seguridad social, por lo cual quedan los recursos depositados al vaivén en gran medida de los mercados financieros. Constituye un esquema de centralización financiera, en el cual los recursos son manejados por un reducido número de administradoras, varias de ellas en poder de capitales extranjeros, que destinan los recursos acumulados a colocarlos al servicio de un pequeño puñado de grandes intereses económicos.
Con motivo de la discusión de la reforma tributaria se planteó que como consecuencia de ella los pensionados serían afectados en sus pensiones. “No hay decisión de esta reforma tributaria que modifique –rebatió Alberto Arenas- el tratamiento tributario que tiene hoy el régimen de pensiones. Las cotizaciones previsionales –agregó- no pagan impuesto, las ganancias de capital de los fondos de pensiones no pagan impuestos, los que pagan impuestos son las personas, los pensionados. ¿Sabe cuál es –preguntó al entrevistador- el drama que tiene Chile? Que más del 95% de los pensionados tiene una pensión menor a $500.000 (por tanto están exentas del impuesto a la renta)” (26/04/14). Más aún, como señaló la carta abierta a la presidenta de la República. “el fisco ha venido aportando a las AFP enormes subsidios en dinero efectivo, que cubren la mayor parte de las pensiones pagadas a sus afiliados. Además, el fisco debe cargar con las pensiones solidarias, las de las antiguas cajas de previsión y otras pensiones civiles, y aquellas relacionadas con la defensa nacional”.
Los últimos cambios de controladores en el sistema de fondos de pensiones, en que coexisten seis AFP, de las cuales la mayor parte de los fondos administrados lo efectúan cuatro de ellas, que explican un 95% del total, fueron realizados por los consorcios financieros norteamericanos MetLife y Principal Financial Group[1]. Sin duda ingresaron para participar en el manejo de los recursos colocados en el sistema por los imponentes, ratificando así las grandes ventajas que les proporciona. Las AFP en el primer trimestre obtuvieron utilidades por $97.387,31 millones, de los cuales un 94,4% del total fueron obtenidas por las cuatro más grandes –Provida, Habitat, Cuprum y Capital-, tres de las cuales son controladas por capitales extranjeros. Además de MetLife y Principal figura entre ellas la colombiana Inversiones Suramericana (SURA), perteneciente al poderoso Grupo Empresarial Antioqueño, propietario del mayor banco de ese país, Bancolombia.
El sistema proporciona a las AFP, según cifras de febrero, US$161.194 millones. De ese total, un 96,1% es administrado por los cuatro administradores mayores. Los dos restantes son las ganadoras de sus tres licitaciones efectuadas. Planvital reunía un 2,7% y Modelo 1,15%. Administradores de capitales extranjeros manejan un 72,6% de los activos generados por un mecanismo de ahorro interno.
AFP activos administrados a febrero 2014
(Fuente Superintendencia de Pensiones. En millones de dólares)
| AFP | Activos | % | Controlada por |
| Provida | 44.958 | 27.9 | MetLife (EE.UU.) |
| Habitat | 42.282 | 26,2 | Cámara Chilena de la Construcción |
| Capital | 34.359 | 21,3 | Inversiones Suramericanas (SURA) (Colombia) |
| Cuprum | 33.360 | 20,7 | Principal Financial Group (EE.UU.) |
| Planvital | 4.379 | 2,7 | Banca Della Svizzera italiana |
| Modelo | 1.854 | 1,2 | Grupo Navarro |
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