La indicación sustitutiva firmada y enviada ayer por el Gobierno al Congreso considera una precisión al rol del empleador y ocupa como base el acuerdo de voluntades entre la CUT y la CPC. El Ejecutivo buscará acelerar el debate en el Senado para que esté aprobada antes del 21 de mayo.
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| PULSO |
Hace 8 años que se tramita en el Congreso y hace 3 años que descansa en la comisión de Trabajo del Senado. Es que las diferencias en torno al proyecto que establece un nuevo concepto de empresa, más conocido como Multirut, no ha permitido consensuar la decena de indicaciones que hasta ahora se han ingresado al respecto.
La última de ellas se presentó ante la comisión el 14 de abril pasado. Sin embargo, el período para la presentación de indicaciones se extendió hasta el próximo 5 de mayo, con la idea que dentro de este plazo se pueda escuchar a todas las partes involucradas en la materia.
El ingreso de este proyecto en 2006, tenía como propósito cambiar el concepto de empresa, ya que la multiplicidad de RUT de las firmas permitía vulnerar los derechos y beneficios legales de los trabajadores, y debilitaba el poder de negociación de los sindicatos.
Es en este contexto que ayer la Presidenta Michelle Bachelet, junto a los ministros del Trabajo, Javiera Blanco; Interior, Rodrigo Peñailillo; y de Justicia, José Antonio Gómez, firmó la indicación sustitutiva al Multirut (compromiso número 18 dentro de las 56 medidas de los primeros 100 días), en una ceremonia bastante breve, que no se extendió por más de 5 minutos.
En ella, la mandataria justificó la indicación al Multirut, en cuanto consideró que ésta “es una práctica que desgraciadamente viven a diario miles de trabajadores, especialmente de casas comerciales y supermercados, trabajadores que además pierden legítimos pagos de gratificaciones, obtención de feriados o derechos de sala cuna”.
En esta línea, el corazón de la indicación firmada ayer, que tiene como base el acuerdo de voluntades firmado entre la CPC y la CUT en 2012, apunta a buscar y relevar el verdadero empleador a partir de la existencia de dos o más empresas que tengan una dirección laboral común.
En este sentido, se pretende transparentar la forma en que se organizan jurídicamente las empresas, sin perjuicio de la autonomía y libertad de los empleadores para dotarse de la organización empresarial que estimen más adecuada.
“Debemos transparentar la forma en que se organizan jurídicamente las empresas, para resguardar los derechos de los trabajadores (...) Y yo sé que los empresarios de nuestro país comprenden las profundas necesidades que tenemos de evitar malas interpretaciones que a menudo pueden desembocar en malas prácticas o en abusos”, dijo Bachelet.
Pero el gobierno no sólo se quedará con las indicaciones a la iniciativa, sino que, según han señalado fuentes del proceso, se le dará urgencia simple al proyecto para que éste pueda salir de manera rápida y “descongelarlo” del Senado. Además, para que no se estanque el debate considerando que parlamentarios de la Alianza buscarían reponer las indicaciones presentadas durante el gobierno anterior.
Esta idea de darle urgencia al proyecto habría sido planteada a los parlamentarios de la Nueva Mayoría en las reuniones de coordinación de los lunes con las autoridades de Trabajo, encuentro que se reiteró ayer, y donde el tema fue el proyecto de Multirut.
“Respecto a las urgencias del proyecto, es algo que vamos a ver con la comisión y la Segpres, pero obviamente sería una buena señal tener aprobada esta indicación para el 21 de mayo en el Senado”, dijo la ministra del Trabajo.
En este sentido, la senadora Adriana Muñoz, que a su vez es la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, dijo que “tenemos el acuerdo de la comisión de colocarle prioridad a este proyecto”.
Además señaló que este miércoles (mañana) se comenzarán a debatir nuevamente las indicaciones al proyecto, para lograr su aprobación desde el Senado antes del 21 de mayo (primera cuenta pública de Bachelet en su segunda administarción).
LO QUE TRAE LA INDICACIÓN
La principal modificación a la moción original de los parlamentarios Sergio Aguiló, Carlos Montes, Adriana Muñoz , Carolina Goic y Marco Enríquez - Ominami (ex diputado y líder del PRO), tiene que ver con la precisión que se hace al concepto de empleador, en donde dos o más empresas son consideradas como un solo empleador cuando: tengan dirección común; existe similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten; o se da la existencia de un controlador común.
Al respecto, la ministra Blanco señaló, tras la ceremonia, que “nos hacemos cargo de todas las consecuencias que ha tenido en términos laborales y previsionales una realidad que lleva muchos años en el país, que es la desagregación de un mismo empleador en distintos RUT”.
De esta manera se establece, en la indicación, que las obligaciones que derivan de los derechos laborales y previsionales, individuales y colectivos de los trabajadores, recaen sobre la figura del empleador y no sobre la figura de la empresa, como era hasta ahora.
Además, las empresas que sean consideradas como un mismo empleador, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales emanadas de la ley, los contratos y convenios.
Y los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos o mantener sus organizaciones existentes, pudiendo negociar con todas las empresas o con cada una de ellas. El derecho de opción para negociar recaerá en los trabajadores y sus sindicatos.
Con esto, los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas con un solo empleador podrán presentar proyectos de negociación colectiva, siendo obligatorio para el empleador negociar con este grupo.
BAJO EL CRITERIO DEL JUEZ
La indicación sustitutiva también implica que será un Juez del Trabajo, y no una comisión de expertos como propuso el gobierno de Sebastián Piñera en 2012 también a través de una indicación, quien determine, previo informe de la Dirección del Trabajo, cuándo una empresa esté vulnerando la ley o caiga en abusos por Multirut.
Para la fiscalización y los informes que deberán ser derivados a tribunales, la Dirección del Trabajo tendrá una unidad técnica dedicada cien por ciento a esta labor.
Las acciones ante la justicia podrán ser interpuestas en cualquier momento, salvo durante el período de negociación colectiva. De no cumplir con las obligaciones que se establecerían en la ley, el empleador arriesga multas de 50 a 100 UTM (entre $2 millones y $4 millones), las que podrán repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de lo ordenado.
Además, si se comprueba la utilización de cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando el patrimonio para eludir cumplimientos laborales, este empleador deberá pagar multas entre 20 a 300 UTM, es decir, entre $836.000 a $12.000.000.
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