Los ahorros previsionales de los trabajadores mueven la economía. Las mayores empresas del país se alimentan de esos fondos a través de las inversiones que hacen las AFP. Son los directores que ellas eligen quienes deben velar por que esa inversión rente, aumentando la jubilación de sus 9,5 millones de afiliados. Pero los vacíos y omisiones que impregnan el proceso permiten que las AFP premien con importantes cargos y millonarios sueldos a quienes han sido sancionados por su rol en el fraude de La Polar, en la colusión de las farmacias o que hoy son investigados por lucrar con la Educación Superior.
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| CIPER Chile |
Aunque apenas estuvo seis meses en el directorio de la multitienda La Polar (noviembre 2010-abril 2011), María Gracia Cariola Cubillos no salió impune de la investigación que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tras el millonario fraude que realizó esa empresa a través de masivas repactaciones unilaterales de deudas, las que convirtió en “activos por cobrar”, lo que aumentó dolosamente su capital engañando a miles de accionistas. Tras declarar como imputada a comienzos de 2012, el Ministerio Público desistió de continuar investigándola en enero de 2014, junto a otros 20 ex ejecutivos y directores de la multitienda, ya que no se pudo determinar su participación en los delitos indagados. Sin embargo, de acuerdo a la SVS, la abogada sí tuvo responsabilidad administrativa.
Como directora de la compañía, tal como señala la Ley de Sociedades Anónimas, Cariola debió haber actuado con “cuidado y diligencia” para evitar que la empresa llevara a cabo negocios o actos que perjudicaran a la sociedad y a sus accionistas. Según determinó la SVS en su investigación, ella no lo hizo, lo que le costó en julio de 2011 una formulación de cargos por parte de la entidad reguladora del mercado de valores. También le significó que el presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Sergio Guzmán, le solicitara su renuncia al directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos (ESSAL), donde fue designada en representación de CORFO. En marzo de 2012, y tras considerar los descargos de Cariola, la SVS cerró la investigación y la multó con 400 UF (unos $9,4 millones). La ex directora de La Polar presentó un recurso de reposición, el que la SVS rechazó ese mismo mes, por lo que la sanción se mantuvo.
Cariola recurrió en abril de 2012 a la justicia para revertir la multa. El juicio aún está abierto en el 7º Juzgado Civil de Santiago (Rol C-7259-2012).
El fraude en La Polar afectó gravemente a las AFP. Casi un cuarto del patrimonio bursátil de la empresa (24,74%) provenía de las inversiones de las AFP con los dineros que los trabajadores aportan mensualmente por ley para su jubilación. En mayo de 2011, cuando estalló el escándalo, las AFP tenían más de US$ 700 millones invertidos en la multitienda, ya sea en acciones, bonos o efectos de comercio. Por eso, cuando el precio de la acción se desplomó, también lo hizo la rentabilidad de los fondos de pensiones, afectando a millones de chilenos que cotizan en el sistema previsional. Al 31 de mayo de 2011, la acción de La Polar se transaba a $2.501. Cinco meses después, su valor apenas bordeaba los $90. Han pasado casi tres años y la pérdida total para el sistema de pensiones aún no ha sido calculada.
Con esos antecedentes, llama la atención que en abril de 2013, sin que el tribunal se haya pronunciado respecto a si la multa corresponde o no, las AFP hayan decidido en bloque premiar a María Gracia Cariola y entregarle su apoyo para que asumiera la representación de los fondos de pensiones de todos los chilenos en el directorio de Salfacorp por un nuevo período (es directora desde 2011). A comienzos del año pasado, en la Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de la mayor empresa constructora del país, las AFP Capital, Cuprum, Planvital y Provida le dieron a Cariola el 9,21% de los votos, que sumados a los de otros accionistas minoritarios, le permitieron a la abogada y actual vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), permanecer en uno de los dos asientos reservados en Salfacorp para los directores independientes.
Mas aún extraña la decisión de las AFP, luego de que la SVS multara a los tres representantes de los fondos de pensiones en el directorio de La Polar: Manuel Gana Eguiguren (1.200 UF), Andrés Ibáñez Tardel (3.500 UF) y el ex ministro de Transportes René Cortázar Sanz (700 UF). A los tres les fueron rechazados los recursos que interpusieron en la SVS. Sólo Gana participa entre los litigantes que junto a Cariola apelaron a la justicia.
El de Cariola es sólo uno de los 60 nombres que figuran en la lista de directores que las AFP han seleccionado durante los últimos tres años para que representen sus intereses en las empresas donde invierten los fondos previsionales de los trabajadores. Una tarea clave si se considera que al 31 de enero de 2014, según un informe de la Superintendencia de Pensiones, la inversión total del sistema en acciones de sociedades anónimas que participan en el mercado de valores representaba el 8,9% de todos los fondos previsionales. Si bien la proporción es mucho menor respecto a las inversiones en el extranjero (41,7%) y ha disminuido considerablemente en relación al mismo período en 2013 –llegando a su mínimo en más de una década–, la cifra global sigue siendo enorme: son más de US$ 13.886 millones los que las AFP han inyectado a las principales empresas chilenas, lo que equivale al 10,24% del patrimonio acumulado a septiembre de 2013 de todos los partícipes en el mercado de capitales o al 7,04% de la capitalización bursátil que registraban el viernes 14 de febrero todas las sociedades donde participan las administradoras. En otras palabras, la inversión de las AFP es uno de los principales combustibles de los que se alimenta la economía nacional.
Allí radica la importancia del rol que cumplen los directores que eligen las AFP para integrar los directorios de las 92 empresas donde tienen presencia accionaria. Son los custodios de esos miles de millones de dólares invertidos y los responsables directos de que las decisiones apunten a un aumento en la rentabilidad de los fondos previsionales, mejorando así las pensiones de los más de 9,5 millones de afiliados al sistema.
Todos los años, entre marzo y abril, las empresas que transan sus acciones en las Bolsas de Valores realizan sus Juntas Ordinarias de Accionistas. Allí es donde se acuerda la repartición de dividendos –si los hay–, se aprueban las memorias y los estados financieros del año anterior y, si corresponde, se renuevan sus directivas. Eso último deberá ocurrir este año en más de 18 compañías donde las AFP tienen participación y derechos para elegir al menos uno de los miembros de sus directorios. Y el proceso para elegir a esos directores ya está en marcha.
CIPER realizó una radiografía al sistema por el cual las AFP seleccionan y eligen a sus candidatos en los directorios de las empresas. También revisó los antecedentes de cada uno de los 60 directores electos durante los últimos tres años, la mayoría de ellos aún en sus cargos. Además de Cariola, hay varios que han tenido distintos grados de protagonismo en episodios que han impactado al mercado. Hay algunos que también son parte del lucro en la Educación Superior. Y casi todos han desfilado por los principales grupos de poder político o económico. Estos son –y así son electos– los encargados de custodiar los intereses de los trabajadores en las mayores empresas del país.
REQUISITOS: VACÍOS Y OMISIONES
Muy pocas son las restricciones legales para ser representante de las AFP en los directorios de las empresas. La Ley de Sociedades Anónimas establece que para ser director de una compañía que participa en el mercado de valores no se puede ser menor de edad y tampoco haber sido declarado reo o tener condena por algún delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Menos haber sido condenado por delitos de quiebra culpable o fraudulenta. Y los parlamentarios, ministros de Estado, subsecretarios o jefes de servicio, así como los funcionarios de la SVS, corredores de Bolsa y agentes de valores, también tienen prohibido formar parte del directorio de una sociedad anónima abierta.
Las AFP cuentan con restricciones especiales al momento de votar por sus representantes. No pueden votar por personas que estén entre los accionistas mayoritarios de una empresa cuyos votos les permitan elegir a la mayoría del directorio. Tampoco a personas que estén relacionadas a ellos. Y si sus votos sumados a los de las administradoras les permiten elegir a esa mayoría, tampoco pueden representar a los fondos previsionales. También se excluyen los accionistas de las mismas AFP que posean el 10% o más de sus acciones, sus directores y sus ejecutivos.
Pero la norma nada dice sobre sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan el mercado de valores, por lo que cualquier persona que haya sido sancionada por la SVS está habilitada para representar los ahorros previsionales de los chilenos. Fue por eso que María Gracia Cariola no tuvo impedimentos para ser electa por las AFP en Salfacorp. Lo mismo ocurrió con Pablo Lamarca Claro, quien ocupó el cargo de director independiente en Norte Grande (una de las sociedades cascada que controlan SQM), desde julio de 2012 hasta que falleció en un accidente de tránsito justo un año después. Las AFP lo eligieron para velar por los fondos de pensiones en la empresa que controla Julio Ponce Lerou a pesar de que la SVS lo había multado a fines de 2009 por su rol como director en otra empresa a la que llegó con el apoyo de las administradoras de los fondos de pensiones: Farmacias Ahumada (FASA).
Lamarca fue miembro de ese directorio precisamente durante el período en que la farmacéutica se coludió con Cruz Verde y Salcobrand –noviembre de 2007 a marzo de 2008– para aumentar el precio de 222 medicamentos. Un proceso en el que tuvo responsabilidad, según la SVS, más que nada, por omisión.
A pesar de que desde enero de 2008 existía información en prensa sobre el alza de precios en productos farmacéuticos, ni Lamarca ni los demás directores solicitaron información detallada para conocer el curso del negocio que dirigían. Tampoco lo hicieron cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación en contra de FASA por una posible colusión ni cuando se presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC). Según la SVS, Lamarca sólo se limitó “a descansar en lo que le informó la administración ejecutiva” de la empresa.
Si bien Lamarca señaló en sus descargos que se sorprendió al enterarse de los hechos, la SVS determinó que no recabó información de forma oportuna, una obligación legal como director de la empresa. Tampoco se informó del proceso de negociación y posterior firma del acuerdo conciliatorio que llevó adelante FASA con la FNE. El acuerdo consistió en reconocer la colusión y pagar una multa de apenas US$ 1.000.000. Por su rol en ese “inadecuado procedimiento”, la SVS lo multó con 300 UF.
Al igual que Cariola, Lamarca recurrió junto a otros ex ejecutivos y directores de FASA a la justicia para anular la multa. En primera instancia, el juez del 24º Juzgado Civil de Santiago resolvió rechazar el reclamo. En septiembre de 2013, poco después de que Lamarca falleciera, los ministros de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron su apelación.
POSTULANTES A UN CARGO DE MUY BUENA RENTA
Para que nombres como los de Cariola y Lamarca puedan ser postulados por las AFP, obligatoriamente deben estar enrolados en el Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones, una lista de acceso público que apareció por primera vez en octubre de 2008 y que forma parte de las modificaciones que incluyó la Reforma Previsional aprobada ese mismo año. Allí figuran todos los que han solicitado su inclusión a la superintendencia y han sido aceptados para aspirar a ser postulados por las AFP a un directorio donde tienen participación accionaria. Al 27 de marzo de 2014, la nómina incluye 302 personas, entre los que se cuentan conocidos hombres y mujeres de negocios y del mundo político.
Allí se encuentra, entre otros, al ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat Ureta (DC); el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans Avaria; el ex superintendente de bancos, Ernesto Livacic Rojas (DC); y el primer ministro de Energía de Sebastián Piñera, Ricardo Raineri Bernain (RN). El ex ministro de Economía y ex senador Pablo Longueira Montes (UDI), también figura en la lista. Fue uno de los últimos en registrarse junto al economista y ex director de Codelco, Juan Villarzú Rhode (DC).
Gran parte de los nombres que figuran o han figurado en la lista, han sido ministros, subsecretarios, superintendentes o parlamentarios. En la práctica, haber ocupado algún alto cargo en la estructura pública se ha convertido en un activo que les ha permitido a ex autoridades de todos los sectores saltar desde lo público a lo privado. El interés por aparecer en esa nómina ha ido en aumento año a año. En 2008 apenas se inscribieron 12 personas, al año siguiente ingresaron 45. Pero el máximo de postulaciones se alcanzó en 2013, con 83 nuevos nombres. En lo que va de 2014 ya se cuentan 13 nuevos interesados.
El motivo del creciente interés por aparecer en esa lista es simple: además del prestigio que otorga ser director de una gran empresa, la remuneración es muy buena. De los 60 directores que las AFP han elegido en los últimos tres años, 48 estaban en el cargo en 2012. Si se consideran las dietas y comisiones que cada empresa le pagó ese año a cada uno de ellos, la suma da por resultado más de $2.478 millones.
En ese sentido, los que han resultado más beneficiados sonCanio Corbo Lioi y Jorge Awad Mehech. El primero fue elegido con el voto de las administradoras en dos directorios: Sigdo Koopers y Compañía Sudamericana de Vapores. En 2012, según las memorias de ambas empresas, la suma de las remuneraciones que recibió Corbo por asistir una vez al mes a las sesiones de directorio se alzó por sobre los $277,7 millones. Un monto que se suma a las dietas que recibió en los directorios de Watt’s y Agrosuper, donde no participa en representación de las AFP.
Ese mismo año, Awad percibió ingresos por más de $182 millones como director independiente del Banco de Chile, sillón que ocupa desde 1996 y que renovó en 2011 gracias al apoyo de la AFP Cuprum, a través de su 0,11% de los votos. Esa remuneración de unos $15,2 millones mensuales, no es el único beneficio que ha recibido por representar a las AFP en el banco que controla el Grupo Luksic. En función de ese mismo cargo, Awad fue electo en 2011 como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), y reelecto en 2013.
Hoy, Awad prácticamente tiene asegurada la reelección en el banco del Grupo Luksic. Según publicó La Segunda, ha hecho campaña junto al otro director independiente del banco, el ex diputado PS y presidente de Cruzados S.A.D.P., Jaime Estévez Valencia. Ambos firmaron una carta solicitando el apoyo para la próxima junta de accionistas, citada para el 27 de marzo.
EN LA MIRA DE LOS HEAD HUNTERS
Los expertos aseguran que cada vez se ha hecho más difícil conseguir nombres que puedan representar a las AFP en los directorios de las empresas donde participan. Sobre todo después de que estallaran los escándalos por la colusión de las farmacias y el fraude de La Polar y la SVS multara a sus directores. Desde entonces, el escenario cambió. Ser director de empresa implica hoy un nivel de exposición, de conflictos y de riesgos que muchos no están dispuestos a afrontar.
-Si hace diez años llamabas a diez personas para ofrecerles un directorio, nueve te decían que estaban disponibles. Ahora, con suerte dos te dan una respuesta segura. Hoy es mucho más exigente que antes ser director de una empresa. Deben asumir un rol de mayor control de las acciones y decisiones que tome la administración –explica a CIPER Luis José Garreaud, socio de la empresa de head hunting Egon Zehnder en Chile.
La firma de Garreaud es una de las cuatro que han prestado asesoría a las AFP desde 2005 en la búsqueda de sus representantes en las sociedades anónimas abiertas. El uso de head hunters partió ese año con el fin de cambiar un proceso de selección que se caracterizaba por criterios de selección poco claros, otorgándole mayor seriedad y profesionalización. La idea fue elevar los estándares de los gobiernos corporativos de las empresas donde se invierten los fondos de pensiones.
La selección con head hunters pronto se convirtió en norma: desde 2006 la Asociación de AFP’s licita el servicio. Hasta ahora, han participado en el proceso las consultoras Korn/Ferry (2007), Seminarium (2008, 2009, 2010 y 2013), Spencer Stuart (2011 y 2012) y Egon Zehnder. Esta última se adjudicó el año pasado la licitación para elegir a los postulantes que representarán a las AFP en los directorios a partir de 2014.
Los pasos de la búsqueda son los siguientes: la Asociación de AFP conforma un comité con dos ejecutivos por administradora. Después de que ese comité define los criterios de selección para cada una de las empresas donde se renovará el directorio, la firma de head hunting comienza la búsqueda. El primer rastreo se hace entre los nombres del Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones, aunque también se considera a otras personas, las que son contactadas para que se inscriban. “Los mejores son precisamente los que no están en la lista”, afirma Garreaud. El paso próximo será la entrega al comité de una lista con cinco a siete candidatos por empresa, donde se seleccionará a dos o tres. Luego, esa lista es enviada al directorio de cada compañía, donde se aprueba o se rechaza. Si hay consenso, esos serán los nombres votados en las juntas de accionistas.
Para esa selección, los head hunters revisan los perfiles de cada uno de los posibles candidatos: su trayectoria, experiencia en cargos similares y habilidades para entender y aportar en la gestión de los negocios. Pero sobre todo, lo que buscan es carácter: que sean capaces de defender los intereses de los inversionistas minoritarios, entre los cuales están las AFP.
Garreaud asegura que las administradoras piden que se certifique que los postulantes no presentan conflictos de interés, pero eso sólo significa que no registran ninguna de las inhabilidades indicadas en la normativa (ver inhabilidades). El socio de Egon Zehnder agrega también que lo más probable es que este año las AFP no seleccionen a candidatos que hayan sido multados por la SVS: “El sistema está muy cuidadoso de elegir a personas que no tengan ningún tipo de conflicto de interés para que después no aparezca nadie criticando a una por conflictos de hace seis meses o dos años”. Pero la experiencia demuestra que tanto esos como muchos otros factores son pasados por alto.
DIRECTORES INVOLUCRADOS CON EL LUCRO EN EDUCACIÓN
Alejandro Danús Chirighin asumió en julio de 2011 como director suplente de Aguas Andinas con el apoyo de las AFP, las que le entregaron el 9,96% de los votos. La votación se realizó después de que CORFO vendiera el 29,98% de las acciones que mantenía en la sanitaria y su directorio fuera revocado. Danús se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2013. Hoy está en el ojo del Ministerio de Educación. El 18 de febrero de 2014, esa cartera hizo pública su decisión de iniciar un proceso de investigación en cuatro universidades privadas. Una de ellas es la Universidad Gabriela Mistral (UGM), donde el ex ejecutivo de Synapsis, Chilectra, Endesa y Sociedad Punta de Lobos ha jugado un papel clave en las operaciones que podrían evidenciar la presencia de lucro.
Uno de los motivos que tuvo en cuenta la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para negarle a la UGM su certificación, fue la omisión de información que hizo esa casa de estudios sobre la toma de control por parte del Movimiento Católico Sodalicio de Vida Cristiana (ver resolución). La transacción, presentada como una “alianza estratégica” y no como una venta, se tradujo en el traspaso del 49% de la universidad el movimiento religioso. Como lo reveló CIPER en una investigación de octubre de 2012, Danús no sólo es uno de los cinco directores que representa al movimiento en la instancia que controla la UGM, sino que fue él quien gestó el desembarco de los Sodalicios en las universidades privadas de Chile al invitar a la congregación en 2009 a ofertar por el control del 57% de la Universidad Santo Tomás. Aunque ese negocio no resultó (fue adquirido por el Grupo Hurtado Vicuña y el Fondo de Inversiones Linzor Capital por $38.000 millones), su incursión en la UGM sí fue exitosa: hoy los Sodalicios controlan la universidad que por 32 años dirigió Alicia Romo.
Danús no es el único director representante de las AFP vinculado al negocio de la Educación Superior. El empresario Juan Antonio Guzmán Molinari es el custodio en Sonda de los fondos previsionales desde 2010, además de integrar a título personal los directorios de SQM y Scotiabank, y presidir las mesas directivas de Clínica Indisa y de la agencia de comunicaciones Extend. A todos esos cargos, Guzmán suma otro: es presidente de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello (UNAB), que junto a las universidades De las Américas (UDLA) y de Viña del Mar (UVM), pertenece al Grupo Laureate International Universities. Las tres casas de estudio han sido castigadas por la CNA y están siendo investigadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio Público debido a millonarios traspasos a su grupo controlador. Guzmán también es socio de los controladores de la Universidad San Sebastián, en una sociedad que además le arrienda a la Universidad Andrés Bello los inmuebles en que funciona.
Otro nombre de la lista vinculado a las universidades indagadas por lucro es el de Alejandro Pérez Rodríguez, quien ha representado a las AFP en el directorio de Entel desde 2009, siendo ratificado dos veces en el cargo. La última fue en la elección efectuada en abril de 2012, cuando seis AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida) votaron en bloque por él.
En ninguna de esas votaciones las AFP tuvieron en cuenta el protagónico rol que ha tenido Pérez en las operaciones que llevaron a la Fiscalía Oriente a incluir a la Universidad San Sebastián (USS) entre las 12 instituciones que investiga por lucro. Pérez es el presidente de la junta directiva de la USS, un cargo al que accedió en 2007 cuando junto a sus socios compró en $30 mil millones la parte accionaria mayoritaria de las dos sociedades que controlan esa universidad: Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., iniciando su crecimiento explosivo. Un desarrollo que consolidó junto a un grupo de ex controladores de la Universidad Andrés Bello -Luis Cordero y Andrés Navarro, entre ellos- utilizando su red de sociedades para negociar millonarios créditos y realizar enredadas transacciones. Además, Pérez lideró una compleja operación que involucró pagos por más de $34 mil millones para ocultar los vínculos de la USS con las sociedades financieras de sus controladores (ver investigación de CIPER sobre el negocio en la USS: parte I, parte II, parte III y parte IV).
A lo anterior, Pérez suma otro problema con la USS: una investigación judicial contra la universidad por el pago de coimas al ex director de Obras de Recoleta. Tras descubrirse las irregularidades, el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue, revocó el contrato que le permitía a la USS utilizar un bien nacional de uso público para disponer de una rampa de acceso a los estacionamientos que están bajo su sede de Bellavista. Pérez presentó un recurso de protección contra el alcalde Jadue en la Corte de Apelaciones, el que fue rechazado a fines de 2013 en un fallo que además implicó el cierre de los estacionamientos de la universidad.
Otro antecedente aún más grave fue obviado por las AFP al elegirlo: en 2005, Pérez tuvo que renunciar a la gerencia general de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), la empresa forestal más grande del país, dejando así de ser el hombre fuerte del Grupo Angelini. La razón: el escándalo generado un año antes por la muerte del 74% de los cisnes del Santuario del Río Cruces. Si bien Pérez siempre aseguró que la planta Celulosa Valdivia no tuvo responsabilidad en el desastre ambiental, en julio de 2013 la justicia determinó lo contrario y condenó a la empresa por haber vertido riles de forma ilícita al Río Cruces, contraviniendo su Resolución de Calificación Ambiental. Como indemnización, Celco deberá pagar más de $5.200 millones de pesos.
Esa misma resolución afectó a Víctor Renner Berry, quien en 2005 era gerente de la planta de Celco en Valdivia y, por lo tanto, responsable directo de la contaminación del santuario. Renner fue electo por las AFP en 2013 para ser su representante en el directorio de Besalco.
Nada de lo anterior fue considerado por las AFP cuando seleccionaron a Danús, Guzmán, Pérez y Renner para representar a los fondos de jubilación de todos los chilenos en los directorios de las respectivas empresas. Es más, no incurrieron en falta: la normativa no incluye ninguno de esos hechos en las causales de inhabilidad para configurar el perfil de los candidatos.
LA BÚSQUEDA PARA 2014
El proceso para elegir a los nombres que las AFP postularán en las juntas de accionistas de los próximos meses, está en pleno desarrollo. Este año, más de una veintena de compañías donde están invertidos los fondos de jubilación de los trabajadores chilenos renovarán sus directorios. Y en al menos 18 de ellas las AFP tienen posibilidades reales de instalar a su candidato. Sonda, Banco de Chile, Ripley Corp, Copec, Entel, Madeco e Invexans, Viña Concha y Toro, Norte Grande y la Compañía Chilena de Fósforos son sólo algunas de esa lista. Como las administradoras acordaron informalmente que ninguno de sus representantes estará más de seis años en el cargo, algunos podrían ser removidos.
Ese podría ser el caso de Manuel José Concha Ureta, quien junto a Juan Antonio Guzmánconforma la dupla de directores independientes de Sonda. Concha asumió con el apoyo de las AFP en 2009 y fue reelecto en 2011, cuando las AFP Capital, Cuprum, Planvital y Provida le entregaron el 5,33% de los votos. De resultar reelegido, superaría los seis años en el cargo, por lo que es probable que sea reemplazado.
La misma situación podría afectar a Samuel Puentes Lacámara, representante de los fondos de pensiones en la Compañía Chilena de Fósforos desde abril de 2010, cuando votaron por él cuatro AFP: Capital, Habitat, Planvital y Provida. Al año siguiente, las mismas cuatro administradoras lo ratificaron en el cargo con el 11,59% de los votos.
Para lo que viene en la guerra instalada entre Julio Ponce Lerou y las AFP, lo que pase en Norte Grande (una de las sociedades cascadas de SQM) será de gran importancia. Tras la muerte de Pablo Lamarca en julio de 2013, los accionistas minoritarios esperaban que en su reemplazo asumiera Pedro Pellegrini Ripamontti, propuesto por Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversión, con el apoyo de las AFP. Sin embargo, su principal accionista -y de toda la estructura de sociedades cascada que controlan SQM-, se opuso por motivos formales: Pellegrini no cumplía con los requisitos legales para ser director independiente. Aunque el candidato de las administradoras reclamó ante la SVS, el organismo regulador lo rechazó. En consecuencia, el directorio –controlado por Ponce– quedó con el camino libre para elegir a quién ocuparía la vacante que dejó Lamarca: el abogado Hernán Contreras Molina. Ahora, a las AFP les urge encontrar un nombre apto para representar y defender sus intereses en las cascadas de SQM. Los nombres que se barajan aún son desconocidos. Luis José Garreaud aseguró a CIPER que el proceso de selección de candidatos aún está en su primera etapa. La carrera sigue abierta.
Las elecciones de representantes de las AFP en los directorios de las próximas semanas, tendrán como telón de fondo un clima inédito. Por primera vez surgen desde sus propios directivos voces que pugnan por abrirse a cambios que bajen los costos de las comisiones y mejoren las pensiones. Una vía para enfrentar el duro cuestionamiento a su funcionamiento y las reformas que se avecinan anunciadas en el programa de gobierno. El punto álgido de esa discusión se dará con ocasión de la elección del hombre que reemplazará a Guillermo Arthur a la cabeza del gremio de AFP, luego de que éste anunciara que tras 14 años en el cargo no repostulará. El nombre del sucesor determinará el perfil con que las AFP enfrentarán esa batalla. Esa carrera también está abierta.
EL PODER NEGOCIADOR DE LAS AFP
Las administradoras de fondos de pensiones no pueden controlar una empresa. Como la ley restringe la participación de cada AFP hasta sólo un 7% de las acciones suscritas en las sociedades que transan sus títulos en las Bolsas de Valores (2,5% si es una institución bancaria o financiera), están obligadas a actuar como accionistas minoritarios en las entidades donde invierten.
Si se considera que para elegir a un director se requiere de un mínimo de acciones, esa restricción hace que sean muy pocos los casos en que sus votos resulten suficientes para que su candidato resulte electo. Es por eso que las AFP actúan en bloque en las juntas de accionistas. Y como en la mayoría de las votaciones ni siquiera así les alcanza, deben negociar con los fondos de inversión y otros accionistas minoritarios.
Según un informe de la Superintendencia de Pensiones sobre la participación de las AFP en las juntas de accionistas de 2013, en sólo 11 de las 32 donde se elegían directores, las administradoras por sí solas lograron sumar los votos para elegir a su candidato. Eso ocurrió en AES Gener, donde con el 15,66% de los votos eligieron a Iván Díaz-Molina Ahumada (titular) y Varsovia Valenzuela Aránguiz (suplente). También en Embotelladora Andina (Gonzalo Parot Palma), Cencosud (David Gallagher Patrickson y Richard Büchi Buc) y Masisa (Salvador Correa Reymond). Y en E.CL, donde las AFP sumaban el 25,01% de las acciones, la votación terminó con dos directores independientes electos: la ex ministra de Minería, Karen Poniachik Pollack, y el ex presidente de Colbún y hermano del ex candidato de las AFP para reemplazar a Pablo Lamarca en Norte Grande, Emilio Pellegrini Ripamonti.
En las otras 21 empresas, en sólo tres elecciones no lograron que sus candidatos se sentaran en el directorio. Para ese logro se requirió de dos factores: la capacidad de las AFP para negociar con otros actores el apoyo a una candidatura, y levantar postulantes que logren generar consenso y seguridad entre los accionistas minoritarios. Dos condiciones que las administradoras deben poner en marcha en las próximas semanas.
-Por eso se espera que los candidatos tengan la capacidad de pararse en una mesa e ir a contra corriente, tal como lo hizo Rafael Fernández Morandé en Enersis, cuando rechazó el aumento de capital propuesto por Endesa España en 2012, lo que afectaba claramente a los accionistas minoritarios. Se busca a personas que tengan estatura frente a esas situaciones. Alguien que de cierta forma vocee los intereses de los minoritarios, aún cuando en estricto rigor sea representante de todos los accionistas –dice Luis José Garreaud, de Egon Zehnder.
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