La discusión por el rol de las universidades y su financiamiento ha reflotado las diferencias que existen entre los planteles públicos y estatales y aquellos privados de carácter tradicional, todos ellos integrantes del Cruch. Sin embargo, son los propios rectores quienes aclaran las desavenencias y aseguran que se trata de una situación natural, donde lo esencial debe ser el trabajo en función de la reforma educacional que propone el programa del actual Gobierno.
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“Es bueno que se termine con este debate inoficioso entre universidades públicas y privadas y que nos dediquemos a trabajar en el tema del nuevo trato que está establecido por la Presidenta en el programa”.
Con esas palabras, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, se refería a las diferencias entre los integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), luego de la reunión del jueves y en la que participó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Precisamente, a lo que alude el rector, es al capítulo sobre reforma educacional del programa del Gobierno de Michelle Bachelet, donde se proyecta “un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado”, el que “incluye un fondo de aporte basal permanente exclusivo para las universidades estatales y un fondo permanente de apoyo a las universidades estatales regionales”.
Con esos antecedentes, el 19 de marzo Eyzaguirre recibió en su oficina a la directiva del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), integrado por 16 casas de estudio, instancia en la que los rectores entregaron un documento que propone crear una división de educación superior estatal, como parte de una subsecretaría de educación superior.
Fue esto lo que molestó al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien encabeza el G-9 que agrupa a las universidades privadas tradicionales del Cruch, al asegurar que existe “pérdida de confianza, vías paralelas y deslealtades con el consejo”.
Aquellas diferencias son abordadas por el presidente del Cuech, Aldo Valle, en el contexto de una reivindicación histórica que busca restablecer un equilibrio en la relación del Estado con sus universidades, una condición que nunca debió perderse y que se ha demorado demasiado en reinstalarse en la conciencia pública y política del país.
Para el también rector de la Universidad de Valparaíso, es importante destacar que si bien pueden existir otras instituciones que también contribuyan al desarrollo de la educación, no por ello deben circunscribirse en la esfera de lo público.
“El Estado no puede tratar a sus universidades como oferentes privados. No se puede ser privado para unos efectos y público para otros. Las universidades del Estado tienen esa coherencia, pues son públicas para todos los efectos. Lo que reclamamos, en consecuencia, es que se nos trate, tanto a la hora del control administrativo como del financiamiento, como instituciones públicas. Las universidades estatales representan lo público en el más pleno sentido de la palabra”, analiza.
El llamado a la tranquilidad también surge del vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi, quien en conversación con Radio Universidad de Santiago, universidad de la que es rector, asegura que las diferencias dentro del organismo siempre han existido y que obviamente se hacen más latentes cuando se trata de discutir sobre una gran reforma a la educación.
“Es natural que tengamos diferencias, si esta no es la primera vez que lo conversamos y discutimos acerca de algunos temas de principios. Pero la gracia que tiene el Consejo de Rectores es que nos unen desafíos mayores y que superan estas diferencias. El Consejo sigue trabajando, no hay mayores dificultades en eso, puede haber pérdida de confianza porque a algunos no les gustó algo o porque no se les informó antes, porque el ministro recibió a un grupo y no al otro. Pero no hay razones de fondo para hablar de quiebre en este momento”, aclara.
Respecto del financiamiento para universidades estatales, tradicionales y privadas que mantiene la discusión entre las autoridades, el ex rector de la Universidad del Mar Raúl Urrutia, quien también se desempeñó como presidente del Consejo para la Transparencia, apunta a la falta de control real y efectivo por parte del Estado sobre las instituciones de educación superior en general, a propósito del debate al interior del Cruch.
“He estado viendo con preocupación la discusión que se está suscitando en estos momentos en relación a las universidades del Cruch. Lo que a mi juicio debe hacerse con prontitud es sincerar efectivamente cómo se va a determinar esta ley de educación universitaria, es decir, si algunas universidades podrán tener fines de lucro, sin recibir ningún tipo de apoyo estatal, o serán total y absolutamente gratuitas”, plantea.
Cabe destacar que el rector Víctor Pérez, como parte del nuevo trato que considera necesario entre el Estado y sus universidades, asegura que “independiente de los proyectos de ley que ingresen al Congreso, el ministerio de Educación debe hacer cumplir la ley que establece que en Chile las universidades no pueden tener fines de lucro”, recordando que la Contraloría General de la República estableció que el Mineduc cuenta con todas las capacidades fiscalizadoras, normativas y regulatorias para llevar a cabo esa tarea.
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