“La investigación simbólica que abrió ahora el Ministerio de Educación, al igual que otras recientes que han concluido sin ningún resultado, son una burla para el imperio de la Ley y para el futuro de la educación superior pública”, señala el rector de la Universidad de Chile en un nueva y polémica declaración”.
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| El Dínamo |
A través de una nueva declaración pública, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, continuó la polémica con la actual ministra de Educación en relación a la situación de las universidades asociadas a Laureate International y que desde hace algunas ha derivado en un constante intercambio de “dimes y diretes” a través de los medios.
En el nuevo documento, el rector acusa a la ministra de no haber iniciado una investigación “seria y formal sobre la compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello y sobre los millonarios traspasos de esa universidad y de la U. de las Américas a su matriz Laureate, acciones que podrían implicar violación de la ley chilena y mal uso de recursos estatales y que hemos conocido por el Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público, la PDI y revelaciones de prensa sobre el contrato que está en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.”
Pérez además califica como una “investigación menor” la que se abrió recientemente abrió la Comisión Nacional de Acreditación por los contratos de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas con su matriz Laureate. “Una vez más, aparece el Ministerio de Educación como un mero buzón que recibe y traspasa papeles tardíamente, sin asumir su rol fiscalizador y desoyendo los planteamientos y resoluciones de distintas instituciones, como el Honorable Senado o la Honorable Cámara de Diputados.
El rector recalca que “la investigación tardía, parcial y en total secretismo que ha informado recientemente la ministra Schmidt no aborda la forma en que Laureate habría ingresado y operaría en Chile, pese a que habría evidencia que obligaría al Ministerio de Educación a actuar de oficio ampliando el ámbito de la investigación a todos los antecedentes disponibles, de modo de cumplir y hacer cumplir la Ley, exigencia que la Universidad de Chile viene planteando desde hace años” y cita lo dicho por el Contralor General de la república en la sesión Nº11 de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados, en relación a que ”hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector (División de Educación Superior) que no se ha aplicado.
La autoridad académica continua definiendo como “un insulto a la inteligencia de la ciudadanía enterarse por los medios de comunicación que grupos inversionistas nacionales y extranjeros compran y venden universidades en cifras millonarias en dólares, ante la vista y paciencia de las autoridades, en un país en que las universidades no pueden tener fines de lucro” para luego recargar los dardos contra la ministra y señalar que “es lamentable y afecta gravemente la fe pública y la necesaria credibilidad que la ministra Schmidt actúe con secretismo, realizando investigaciones, de manera tardía, limitadas solo a aquellos aspectos que le remite el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Educación, y en que le solicita investigar y que por tanto se encuentra obligada a hacerlo.”
Hacia el final del texto, Víctor Pérez vuelve a la primera frase que encendió la polémica en febrero: “Insisto en que ya es hora que la ministra Schmidt deje de mirar para el lado y aborde este tema con la seriedad que lo merece, tal como se lo exige la Ley y los estudiantes de esas universidades, sus familias y la ciudadanía.” Agregando que “la investigación simbólica que abrió ahora el Ministerio de Educación, al igual que otras recientes que han concluido sin ningún resultado, son una burla para el imperio de la Ley y para el futuro de la educación superior pública, y hace prever que nada cambiará si la sociedad no fiscaliza y exige que efectivamente se lleven a cabo las investigaciones como corresponde, utilizando las facultades fiscalizadoras en su plenitud y no alegando la falta de las mismas”, concluye.
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