El organismo estableció que no se trató de un solo caso, sino que la casa de estudios “no otorgó boletas a un gran número del alumnado que acude a ese centro educacional”. Y aún cuando la Autónoma –propiedad de Teodoro Ribera- argumentó que eran una entidad “sin fines de lucro”, no pudo sacarse de encima la multa. Hay que esta universidad es investigada por el fiscal oriente Carlos Gajardo en la arista del lucro, en el marco de los ilícitos detectados en las acreditaciones de la CNA.
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La historia que derivó en la sanción comenzó 2012 cuando Víctor Fuentealba, padre de un alumno de la casa de estudios pagó los aranceles de su hijo Gary por un total de 1.586.370 pesos, por lo que recibió sólo un comprobante de ingreso interno.
Como no recibió el comprobante oficial Fuentealba denunció al SII la situación, que de inmediato abrió un proceso a través de la unidad de fiscalización.
¿Lucro?
La Universidad Autónoma, enterada de la denuncia, argumentó ante el SII que como casa de estudios son una institución “sin fines de lucro”, por lo que no están afectas a pago de impuesto a la renta. En suma, no tenían la obligación de emitir una boleta.
“Las universidades no tienen obligación legal de emitir documentos tributarios por los servicios educacionales que prestan, exigir tal emisión constituye una transgresión al principio de legalidad”, señaló ante el tribunal tributario el abogado la Autónoma en sus descargos.
El SII en su fallo de agosto de 2013 desestimó la defensa de la casa de estudios aludiendo a que desde 2006 han timbrado boletas y facturas afectas y no afectas al IVA. Es decir, mucho antes de que fuera denunciado por el padre del alumno.
En ese sentido el dictamen del SII estableció que el actuar de la Autónoma fue negligente y que estando obligada a entregar los comprobantes legales no lo hizo, toda vez que “no otorgó boletas a un gran número del alumnado que acude a ese centro educacional”.
Por lo anterior calificó la falta de carácter grave, lo que implicó que fuera sancionada con poco más de 1.500.000, casi el mismo monto del pago del padre del alumno.
La Universidad Autónoma, no contenta con la decisión del SII, recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel. El tribunal de alzada confirmó el fallo del tata fisco.
El dictamen judicial de la Cuarta Sala fue por dos votos contra uno. El de mayoría contó con los votos de Carmen Gloria y el abogado integrante Eugenio Ramírez. En contra votó la magistrada Lya Cabello.
La casa de estudios recurrió entonces a la Suprema, donde la Tercera Sala (Constitucional) rechazó por cinco votos a cero la presentación.
Hay que recordar que el dueño la Universidad Autónoma es el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera.
La casa de estudios es investigada actualmente por el fiscal oriente Carlos Gajardo en la arista del lucro, en el marco de los ilícitos detectados en las acreditaciones de la CNA.
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