El caso Peirano

"No hay dogmatismo alguno en pedirles a los funcionarios obediencia a un programa, ni prejuicio en examinar su trayectoria pública, ni nada ilegítimo en tener intereses cuando ellos se acompañan de razones..."

Emol

En el caso Peirano se reprochó a los estudiantes (o a sus dirigentes) una actitud dogmática, prejuiciosa, y una actuación como simple grupo de interés.

¿Hubo dogmatismo?

Mariana Aylwin dijo que sí. Al esgrimir las opiniones previas de Claudia Peirano como una razón para que no asumiera, explicó, se habría notificado que ninguna disensión será admitida y que la medida de la adhesión política será el programa concebido como verdad revelada. Así, un nuevo fundamentalismo sustituiría al discernimiento racional y técnico. 

¿Es cierto eso? 

No, en absoluto. 

Ese punto de vista confunde dos posiciones radicalmente distintas en la esfera pública: la de funcionario y la de simple ciudadano. 

Desde antiguo se distingue entre el empleo de la razón en calidad de funcionario y su uso en calidad de simple ciudadano. Los funcionarios tienen deberes que los ciudadanos no. Los funcionarios están cercados por los deberes del cargo y las promesas que se formularon cuando se aspiró al poder. Nada de eso ocurre con los ciudadanos que, incluso adhiriendo al gobierno, retienen plena libertad crítica. Ahora bien, en política se es funcionario, en cuyo caso se adhiere irrestrictamente al programa, o se es simple partidario, en cuyo caso se retiene la distancia crítica. 

Si en los negocios no se puede aspirar a estar a ambos lados del mesón, en política no se puede aspirar a pan y pedazo: abrigarse con las ventajas del funcionario y retener las libertades del simple ciudadano. 

Así que de dogmatismo nada. En cambio, simples exigencias de la división del trabajo. 

¿Hubo entonces prejuicio, como sugirió el diputado Andrade? Menos. 

Un prejuicio es una amalgama de convicciones poco fundadas, carentes de evidencia que las apoye. Es un error llamar prejuicio a un juicio formulado a la luz de la trayectoria pública de una persona. Algo así no es prejuicio. Andrade comete el obvio error de llamar prejuicio al resultado del simple escrutinio. De seguir su criterio, la única forma de evitar el prejuicio sería la mudez. 

Pero si no se trató ni de dogmatismo, ni de prejuicio ¿hubo quizá el triunfo de un grupo de presión o de interés sobre el gobierno entrante, como también se ha dicho? 

Tampoco. 

Describir una decisión como el resultado de las presiones de un grupo de interés, es propio de la economía neoclásica. Lo que está detrás de ese diagnóstico es la idea que así como el mercado tiene fallas, el proceso político también. Una de esas fallas sería la vulnerabilidad frente a los grupos de interés que oscurecerían el discernimiento puramente técnico a la hora de tomar las decisiones. 

Salta a la vista la debilidad de esa caracterización. 

Porque ocurre que todos los grupos sociales, incluidos los que detentan el saber técnico, tienen intereses. Los tienen los estudiantes, los rectores de universidades (todos), los sostenedores del sistema escolar, los profesores, los académicos universitarios. Por eso no tiene demasiada importancia desde el punto de vista público decir que un grupo es de interés. No son los intereses que animan a las personas lo que permite discriminar qué es correcto y qué no, qué es atendible y qué debe ser desoído. Lo que importa son las razones que se dan y se esgrimen para legitimarlos. Para eso sirve el debate en medio de la democracia. Para distinguir, en base a razones, qué intereses merecen en cada caso el amparo y cuáles no. Y por eso él reposa sobre el hecho que los seres humanos (como recuerda Parfit en el que quizá sea el más importante libro de filosofía moral de los últimos cincuenta años) son animales capaces de dar y entender razones. 

Así entonces no hay dogmatismo alguno en pedir a los funcionarios obediencia a un programa, ni prejuicio en examinar su trayectoria pública, ni nada ilegítimo en tener intereses cuando ellos están, como ha ocurrido en este caso, amparados en razones -buenas o malas, ya se verá- que se ofrecen al debate. 

Lo que cabe ahora entonces es, de una vez por todas, tomar en serio a los estudiantes y sus razones. Y la única manera de hacerlo es discutirlas con ellos y, llegado el caso, esforzarse en demostrar que no son buenas.

Carlos Peña