La igualdad de género, la capacitación y formación profesional, el salario mínimo y la negociación colectiva y sindicalización, entre otras, han sido los temas discutidos.
 |
| Vida Sindical |
Tras meses de compromiso y numerosas reuniones privadas, el trabajo realizado entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y que tiene como objetivo entregar propuestas al nuevo gobierno para avanzar en cambios a la actual legislación laboral, está terminado. Lo que queda ahora es avanzar en buscar la viabilidad política y generar acuerdos más allá del aspecto técnico con los empleadores, tal como se lo hizo saber la presidenta electa Michelle Bachelet a la dirigencia de la multisindical.
Esto apunta a que el próximo gobierno pueda llevar a cabo las modificaciones teniendo un consenso previo que le garantice un amplio respaldo, no solo del sus parlamentarios sino también de las partes involucradas. De hecho, esta semana ambas entidades han sostenido reuniones para ver la viabilidad de estas medidas. DF tuvo acceso al texto final que contiene siete minutas técnicas respecto a adaptabilidad laboral, negociación colectiva y sindicalización, igualdad de género en el empleo, multirut, salario mínimo, políticas de protección del empleo en tiempos de crisis, y capacitación y formación profesional, que tienen como base el acuerdo de voluntades firmado por la CPC y la CUT en enero de 2012.
La adaptabilidad laboral, especialmente en materia de jornada y descansos, es una de las demandas centrales de parte de los empleadores lo que se contrapone con lo que plantean los trabajadores ya que esta adaptabilidad exige un cierto nivel de simetría entre las dos partes. De hecho, en la minuta se plantean algunas propuestas como por ejemplo, "establecer en el Código del Trabajo la posibilidad de prever un sistema de acuerdos entre los sindicatos de la empresa y el empleador sobre la distribución de los distintos tipos de jornadas". Además, agrega "estos pactos deberán concordar con las condiciones temporales como el ciclo económico o productivo, por un período determinado para así evitar ajustes vía despido individual o colectivo".
Otra propuesta apunta a buscar una fórmula de flexibilizar las jornadas parciales, con protección para las mujeres, así como también vigilar la regulación de las jornadas de trabajo de los dependientes del comercio y establecer un sistema de jornadas laborales para jóvenes.
De estas opciones, la CPC y la CUT deberán definir el mecanismo apropiado a seguir, sin afectar la empleabilidad.
El principal problema que identifican ambas entidades se refiere a que en "la formación para el trabajo" hay escasa o nula interconexión tanto institucional como curricular "lo que no hace posible en la actualidad hablar de un sistema de formación técnico-profesional en Chile". A eso ambas entidades suman la "poca pertinencia del sistema de capacitación Sence" y la poca capacidad de la franquicia tributaria de generar mejoras en la empleabilidad, entre otras falencias". Ante esta incertidumbre, ambas entidades plantean que se rediseñe el modelo institucional, de financiamiento y de provisión de la oferta formativa del Sence. Asimismo, proponen transformar la institucionalidad del Sence en una "entidad pública autónoma dotada de un Consejo Directivo Tripartito Nacional".
Otro punto que destaca dentro de las propuestas es el promover la concentración y acuerdo entre los actores sociales y el sector público para avanzar en la conformación de un sistema de Formación Contínua".
Tal como lo ha manifestado la autoridad y los sectores productivos, favorecer la inserción laboral de las mujeres "constituye un imperativo mayor de política pública", adoptando soluciones que permitan conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos y la familia. Para esto la CPC y la CUT están estudiando la viabilidad de avanzar en el establecimiento de subsidios postnatales a los salarios femeninos y flexibilización del postnatal; sistemas de salas cunas universal y financiado con impuestos generales; promover el empleo femenino con un sistema que apoye el cuidado de los niños y con subsidios al trabajo vinculado con la oferta de apoyo al cuidado; derogación del artículo 203 del código sobre salas cunas y su reemplazo por un sistema basado en un financiamiento tripartito solidario y universal; y la creación de un proyecto de ley que cree el seguro social de educación parvularia en los niveles de salas cunas y medio menor, que fue presentado en agosto de 2013 y que apuntaba a fomentar la participación laboral, mejorar los salarios de las mujeres, asegurar que los hijos de las madres puedan contar con acceso a educación parvularia, extender el beneficio hasta los hijos que asisten a medio menor, es decir tres años.
El mal uso del multirut por parte de algunos empleadores ha sido una de las discusiones más duras que ha sostenido el mundo sindical con el empresariado y uno de los debates más complejos en el Congreso. Acá, ambas entidades plantean lograr "que el derecho de los empleadores de organizar con libertad su actividad empresarial de manera lícita, no afecte los derechos de los trabajadores". La fórmula de mayor consenso es la que fue plasmada en el acuerdo de voluntades que decía que "para efectos de todos los aspectos de las relaciones laborales, 2 o más empresas deben ser consideradas como una, cuando tengan un mismo controlador, presten los mismos servicios o fabriquen productos similares y tengan una dirección laboral común, los que podrán ser calificados por un tercero a requerimiento de alguna de las partes". Así, proponen que "cuando dos o más empresas sean calificadas como una, los trabajadores puedan constituir si así lo desean, un único sindicato con todos los rut y/o distintos sindicatos inter-empresa que agrupen solo a trabajadores de esos rut, y que puedan negociar según las reglas de negociación de la empresa".
La sindicalización y la negociación colectiva son reconocidos en el Acuerdo de Voluntades de 2012, como dos instrumentos de importancia para la mejor calidad de las relaciones laborales y el diálogo entre los trabajadores y empleadores. En esa oportunidad, se acordó avanzar en fortalecer el sindicato como el principal sujeto de la negociación colectiva.
Ante eso también proponen simplificar el actual proceso de negociación colectiva mediante una comisión bipartita.
Para profundizar estos acuerdos, proponen un sindicato más representativo, considerando de igual forma al sindicato como principal sujeto de negociación, normar la extensión de los beneficios de la negociación colectiva así como el piso de la negociación y establecer la tecnificación de la negociación, estableciendo mecanismos que garanticen que el sindicato cuente con información verídica y comparable respecto del estado de la empresa. De hecho, "se ha expresado la voluntad de establecer que la respuesta de la empresa a la propuesta de contrato colectivo mantenga las condiciones base de la anterior negociación".
Esta minuta reproduce íntegramente el capítulo de protección del empleo presentado en la declaración de voluntades suscribieron a comienzos de 2012.
Acá se plantea la problemática de que las políticas en esta materia deben tener en cuenta las particularidades que se pueden asumir en situaciones de crisis o ajuste.
De hecho, los técnicos recogen los criterios generales de que "toda policía de ajuste o adaptación de jornada debe ser siempre resultado de acuerdos entre el sindicato y el empleador, ya sea preventivamente en la negociación colectiva normal, o específicamente en negociaciones en tiempos de ajuste".
Además, estas medidas "deberá considerar con precisión su temporalidad". Junto con eso suponen necesariamente un criterio de integralidad, "que considere los aspectos proporcionales de salarios y otros aspectos de la condición contractual".
Asimismo, supone también políticas más específicas que "buscan mantener el contrato de trabajo vigente y aplicar las medidas solo por el tiempo que se haya pactado".
El monto de salario mínimo $ 210.000 brutos, que equivalen en términos líquidos en promedio a $ 189.000, "solo cubriría el 61,6% de la línea de pobreza familiar (...) como consecuencia de lo anterior en el país muchas personas trabajan y son pobres".
Para hacer frente a esta realidad, la CUT y la CPC plantean en materia institucional, "promover un proceso de consulta de parte del gobierno con las organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores sobre la propuesta que se enviará al congreso (...) así como establecer una comisión de salario mínimo, técnica y tripartita".
Y es que dentro de los antecedentes que contiene la minuta, también se destaca lo que ha señalado la OCDE respecto de que el salario mínimo tiende a operar "como fuerte referencia de pago en el sector informal".
Y es que la remuneración base "solo se aplica en los sectores económicos menos productivos, en las empresas más pequeñas y en los trabajadores menos calificados o que se encuentran en la informalidad".
0 comentarios:
Publicar un comentario