Cuando una persona sufre indignidad, pobreza o dolor, los miembros de la sociedad y los participantes del mundo académico (p.e. profesores, investigadores, directivos) no pueden atesorar certeza de su propia inocencia moral.
Ninguna persona es una isla;
la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad;
por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.
(Fragmento de Devociones para ocasiones emergentes. John Donne, 1623).
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| El Dínamo |
Desde que el 2 de febrero de 2012 el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) editara el artículo el “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha II: El Imperio de la Universidad del Mar”, se encendieron las alarmas que anunciaron a la opinión publica uno de los delitos de mayor envergadura conocidos y cometidos durante el período de democracia post-dictadura y que afectó al corazón del sistema universitario chileno.
Lo realizado por CIPER y otras tantas publicaciones asociadas al tema “Universidad del Mar” (UDM en adelante) es invaluable y apoyados por la perspectiva de Amartya Sen (2010), los medios de comunicación nos demuestran que “son importantes no sólo para la democracia si no también para la búsqueda de la justicia en general”. El propio ganador del premio Nobel de economía en 1998 nos advierte al mismo tiempo que la “justicia sin discusión” puede ser una idea opresiva, lo que obliga a embarcarnos en una reflexión decidida con el fin de evitar el olvido de la situación de miles de estudiantes y familias chilenas. Los tribunales de justicia dictaminarán las penas a los imputados, pero no podemos dejar de reanalizar y reexponer lo sucedido desde la perspectiva de los afectados.
Acontecidos casi 20 meses de la edición de los primeros textos de investigación periodística ligados al caso UDM, el tiempo no transcurre de igual manera para los alumnos, las alumnas y ex matriculados de dicha casa de estudios. Hablamos del tiempo porque consideramos que es uno de los puntos de apoyo adecuados para el replanteamiento de este problema que ha causado (y causa) un daño irreparable a la ciudadanía chilena, al sistema educativo y especialmente a todos aquellos que están ligados a la defenestrada institución. El daño es otro elemento que motiva estas líneas, pues sus estragos toman forma en los terribles efectos sobre la persona, la moral y al proyecto de vida de los miembros de la comunidad educativa de la UDM, extendiéndose esto a sus familias y al propio sistema universitario chileno.
Asumimos que para el caso de la UDM es imposible declarar ignorancia, pues los indicios eran claros y la propia literatura producida por la investigación periodística de años anteriores lo había advertido. Uno de los mejores ejemplos es el trabajo desarrollado por Maria Olivia Mönckeberg en 2007, titulado “El negocio de las universidades en Chile” el cual fue clave en un proceso de advertencia de las irregularidades del sistema. En sus líneas se exponen diversos antedentes que tomaron forma en el caso UDM y el propio Sergio Molina (ex Ministro de Planificacion y Educación durante el período presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) planteó abiertamente que el sistema de educación superior “tiene problemas, a pesar de los cedazos de la autonomía y de la acreditación. Ambos cedazos han sido importantes pero insuficientes”. Transcurridos cinco años desde la frase planteada, la advertencia profética se ha convertido en una realidad con efectos devastadores que se hacen carne en los miles de afectados.
Es necesario no perder de vista el aspecto humano y fenomenológico de este emblemático caso, que sin lugar a dudas la evidencia más explícita del neoliberalismo y/o capitalismo de bienestar impuesto en Chile durante los últimas dos décadas, bajo la regulada protección de la desregulación económica y educativa heredada desde los tiempos de la dictadura y perfeccionada en nuevos tiempos de liberalismo democrático que se desarrolla en el modelo de gobernanza nacional.
1. El daño del caso UDM y sus efectos multidimensionales
El desabarajuste económico y el posterior caos provocado al sistema universitario chileno por el “Caso UDM” es fácilmente evaluable por expertos financieros y gestores políticos y educativos, pero bastante más complejo es el acto de conocer los efectos individuales en los estudiantes y sus familias. El cómo están arreglando el tema de los pagos crediticios o de qué manera se financian los cambios a otras casas de estudio a lo largo del país y cuáles son las condiciones actuales de estos traslados son temas que no deben desaparecer de la opinión pública.
Desde estas líneas, por justicia y por representatividad, se considera necesario hablar desde la existencia fenomenológica de diversos casos humanos, afectados por la codicia y la malapraxis de un grupo de empresarios de la educación (controladores) que han alterado drásticamente la trayectoria vital de miles de estudiantes nacionales. Aunque los tribunales competentes dicten condenas la peor de todas es el daño al estudiante, a sus familias, a los trabajadores de la institución.
Cuando una persona sufre indignidad, pobreza o dolor, los miembros de la sociedad y los participantes del mundo académico (p.e. profesores, investigadores, directivos) no pueden atesorar certeza de su propia inocencia moral. Si bien asumimos individualmente la impotencia frente al hecho, es seguro que se debe hacer algo colectivamente, como profesionales y como grupo profesional, pues no se debe olvidar que el tiempo ha pasado y el daño causado no ha de quedar como un accidente en la historia educativa nacional.
Atendiendo a los antecedentes, Raúl Soto, uno de los rostros más emblemáticos del movimiento estudiantil de la UDM publicó el pasado 7 de noviembre una nota personal anunciando la acusación por usurpación de inmueble a los estudiantes que ocupan actualmente el Campus Reñaca (V Región). La nota indica que la acusación emerge desde las autoridades directivas de la UDM y al mismo tiempo declara las persecuciones políticas sufridas por el colectivo de representantes estudiantiles, además de denunciar las condiciones económicas (costos de matrícula), modificadas discriminatoriamente para limitar e impedir la matriculación y marginarles de esta manera de la institución superior. Otro de los aspectos preocupantes es la advertencia referida al servicio educativo que reciben los alumnos y las alumnas, pues están sufriendo suspensiones de clases, cambios de cátedras por trabajos de investigación, certámenes por disertaciones, prácticos por teoría, y todo al mismo coste que la UDM cobraba a sus “clientes” antes del anuncio de su cierre.
El daño vuelve a emerger en estas líneas y estamos obligados, como diría Paul Ricœur (1999) por la intencionalidad reconstructiva, pues “aunque los hechos son imborrables y ya no podemos deshacer lo que se ha hecho, ni hacer que no pase lo que pasó, el sentido de lo que sucedió, por el contrario, no está fijado de una vez por todas”. Es necesario de que exista un espíritu de reparar a las víctimas, reconocer abiertamente el efecto dañino de la desregulación del sistema, para que desde el perdón exista una real posibilidad de solución en todos los ámbitos. No sirven para esto las cosas a medias ni mucho menos se puede permitir la invisibilización de los relatos en los grandes números o firmas de convenios.
2. Carne y Hueso de los daños
Fernando Ovando Duarte, un inquieto estudiante de Kinesiología, comentaba con claridad los efectos del caóticos del caso UDM. El dominio de la situación y de los efectos futuros le permiten tener una voz respetada y un caso de estudio interesante para evaluar los estragos políticos y educativos de este delito. Proveniente de una familia de clase media con aspiraciones de mejorar la vida futura de sus hijos, indicaba con respecto a los costos económicos:
“…No he sacado las cuentas, pero sé que no voy a terminar de pagar … voy a estar toda mi vida pagando… y aparte se supone que yo tengo que comprarme… no sé.. mi casa y seguir endeudándome…”
Fernando es uno de los miles de casos afectados que han retomado forma en una carta firmada por 33 estudiantes (matriculados, egresados y exalumnos), dirigida a Felipe Santa María, coordinador nacional para el cierre UDM del Ministerio de Educación (Mineduc). El documento enviado demuestra nuevamente la desesperación e incertidumbre de las afectadas y los afectados. Los casos expuestos plantean situaciones complejas que nuevamente evidencian el daño a la persona, a la moral y al proyecto de vida: Problemáticas económicas, persecuciones internas en la UDM, incertidumbres en relación al traspaso a la Universidad de Playa Ancha (UPLA), inseguridad frente al futuro laboral, incumplimiento de expectativas y negativos efectos psicológicos son parte del contenido que a la fecha de redacción de estás líneas se desconoce si ha sido contestadas por la autoridad competente.
Reconociendo que el Mineduc está participando como garante en el proceso de cierre de la UDM y que la ley establece garantías para los alumnos que están en proceso de titulación el ministerio “se ha comprometido, también, a facilitar el proceso de reubicación de los demás estudiantes” ha obligado a la institución de mayor autoridad educativa del país ha tomar cartas en el asunto de múltiples maneras (p.e. política, administrativa y económica).
En esto la existencia de la “Beca de apoyo a los estudiantes de la Universidad del Mar” gestionada por la JUNAEB (2013) podría ser considerada como un apoyo para el cambio con ciertas garantías, pero el voucher por tramos entregado a los estudiantes ($32.000; $64.000; $80.000 CLP) permite el arribo a los campus regionales pero no garantiza el establecimiento digno en algunos casos de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Otra cosa es el respeto a las condiciones curriculares (cursos académicos) que parece ser muy diferente.
Para ejemplarizar una parte de esta situación contamos con el caso de los estudiantes y las estudiantes de enfermería de la UDM que se trasladaron a la Universidad de Tarapacá (UTA) motivados por las ventajosas condiciones iniciales ofrecidas por el plantel en torno al reconocimiento de sus años académicos cursados. Aún reconociendo las palabras del Subsecretario de Educación Fernando Rojas, que indicaba el 8 de Enero de 2013 que los ex-alumnos de la UDM desarrollarían “con normalidad su proceso educativo sin atrasarse académicamente con los debidos procesos de nivelación que se requieran”, el escenario actual dista mucho de las palabras entusiastas de la autoridad política.
Los actuales alumnos de enfermería de la Universidad de Tarapacá provenientes de la UDM han sido sido avisados formalmente que debido a una serie de cambios temporales de la oferta para un listado de “asignaturas de nivelación” a cursar, las cuales se dictarán en nuevas fechas proyectadas (proyección no significaría una obligación) se producirán un retraso de 1 año. En esta línea existen problemas con el denominado “procesos de enfermería” (internados que realizan los estudiantes tutorizados por profesores de la UTA) lo que que han provocado el establecimiento de opciones dicotómicas: [1] aceptar las condiciones y retrasarse ó [2] desestimar la propuesta y optar por el cambiarse de plantel. Ambas dicotomías plantean un solo efecto claro: El retraso académico.
Lo anterior provocó una denuncia de los estudiantes al Mineduc, a lo que la UTA respondió el 22 de Julio de 2013 al MINEDUC (REC. N° 515.13) indicando las condiciones y declarando la falta de apego a la realidad de los estudiantes y estableciendo que la institución está haciendo “un gran esfuerzo al aceptar a estos alumnos y entiende la situación por la que han atravesado; sin embargo su decisión de ingresar a la Universidad de Tarapacá es personal, pudiendo desistir de su permanencia si lo estiman, por nuestra parte, les otorgaremos las certificaciones correspondientes al avance alcanzado durante su permanencia” (p.2, 2013).
A lo anterior, emerge el discurso de la defensa de la calidad formativa, estableciendo que la UTA no hará en ningún “es disminuir las exigencias que tienen nuestros alumnos y egresados, tenemos un prestigio logrado, gracias a una buena formación de profesionales y eso no lo modificaremos” (p.2. 2013).
En lo expuesto -como académicos- se puede concordar plenamente con la autoridades universitarias, pero discurriendo con que la comunidad universitaria nacional va a comprometerse con seriedad con los argumentos de mejorar la formación de alumnos “dañados” por las UDM, debemos afrontar como profesionales privilegiados que quizás no nos gusten todos los resultados y las prácticas. No es fácil encontrar respuestas para todo y todos, pero ningún estudiante de los comprometidos en esta delicada situación deseará que le obsequien su título devaluado, en tanto debe demostrar sus capacidades y talentos con mayor fuerza que uno de acceso regular (p.e. PSU) pues el lastre de la UDM es una herencia desastrosa que les acompañará de por vida y este tipo de creencias acerca la baja calidad no son las adecuadas. No hablemos de beneficencia, hablemos de justicia y sobre todo, de justicia educativa.
Considerando lo lamentable de la situación y siguiendo a Whitty, Power y Halpin, los mercados (y las instituciones de educación superior basadas en el mercado) pueden producir ganadores y perdedores de un modo más transparente que las políticas socialdemócratas que están reemplazando. Aunque es difícil vislumbrar prácticas y políticas educativas que sólo proporcionen ganadores, se debe entender que “hay que mejorar las condiciones de reparación y de los que han sido y serán privilegiados de oportunidades” (1999, p.177). Los alumnos de la UDM no son privilegiados y al contrario han sido privados de oportunidades y con ellos y ellas lo único que vale es aumentar los actos de justicia.
Aprovechando la actual época electoral y que los grupos políticos nacionales, representados por sus candidatas presidenciales, se expresan abiertamente a favor de establecer regulaciones y reparaciones en el ámbito educativo, es necesario también establecer un foro auténticamente ciudadano y participativo, en donde se instauren nuevas fuerzas para vigorizar y establecer la revisión de la educación superior chilena.
Este espíritu motiva estas líneas y sobre todo pretende motivar a los expertos educativos, un grupo privilegiado, que tiene el deber ciudadano de avanzar de la solidaridad estática a la acción colectiva para la reparación del daño causado a los miles de estudiantes de la UDM. Hagamos justicia, pero también hagamos pedagogía y memoria de esta historia.
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