En el primer semestre de este año, los 16 planteles recibieron $ 77 mil millones en aportes del Estado.
Ha sido un reclamo constante de las universidades públicas: el financiamiento que reciben por parte del Estado es bajo. Y en el presupuesto del primer semestre de este año, la situación se vio reflejada pues sólo el 17,3% de sus ingresos fue fiscal. Esto, según el último análisis presupuestario realizado por la Contraloría a las 16 casas de estudios correspondientes.
Para llevar a cabo el estudio, las instituciones reportaron sus finanzas a la división de análisis contable de la Contraloría, y uno de los datos informados fue que entre enero y junio tuvieron ingresos por cerca de $ 450 mil millones. Sin embargo, sólo $ 77 mil millones fueron por aportes fiscales. En tanto, la mayoría de los recursos se obtuvieron por aranceles o bien venta de servicios propios a la institución.
Según explicaron en la división de análisis, estos ingresos consideran cuatro fuentes: el Aporte Fiscal Directo, que se entrega principalmente por criterios históricos; el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que va a los planteles que captan a los 27.500 mejores puntajes de la PSU; montos por recuperación del crédito fiscal y pagarés de la Tesorería.
“Los aportes directos a las instituciones, para financiar sus costos principales, son un porcentaje menor a lo que ellas mismas logran obtener por vía del financiamiento a la demanda”, señala el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Aldo Valle.
Agrega que “el Estado trata a las universidades, a la hora del financiamiento, de la misma forma que a muchas otras instituciones no estatales y que no están suscritas al régimen jurídico al que sí estamos sometidos nosotros”.
La universidad que más aportes fiscales recibió fue la U. de Chile, que captó cerca de $ 19 mil millones, pero en total tuvo ingresos por $ 186 mil millones.
Los aportes fiscales son “irrisorios según los estándares internacionales. El Estado nos entrega de manera directa menos del 10% de nuestro presupuesto total, el resto lo debemos autogenerar de manera competitiva. Las universidades privadas no sólo reciben más dineros públicos que las estatales, si no que además no tienen ningún control público sobre el uso y manejo que hacen con ellos”, señala el rector Víctor Pérez.
Puntualiza que los últimos años se ha “reclamado un ‘nuevo trato’ entre el Estado y sus universidades, que les entregue recursos basales por al menos el 50% de sus presupuestos, y que se termine con el autofinanciamiento al que están condenadas. Mejorar la calidad y equidad requiere inversiones en cuerpo académico, infraestructura y equipamiento”.
El jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Alberto Vásquez, señala, sin embargo, que durante el primer semestre se transfirieron a las universidades $ 106 mil millones, casi $ 30 mil millones más de lo que informaron los planteles a la Contraloría, aunque dicha cifra incluye becas, CAE y Fondo Solidario.
El encargado agregó que las instituciones también pueden optar a otros recursos, como los fondos basales por desempeño, que en total entregan cerca de $ 17 mil millones, o bien los fondos de desarrollo institucional, que son otros $ 16 mil millones. Vásquez puntualizó que hay otros seis fondos estatales a los cuales las instituciones pueden acceder.
Gastos
Los gastos ascendieron a más de $ 460 mil millones entre enero y junio, y el 50,9% fue para personal.
La U. de Talca destinó cerca de $ 7 mil millones, el 71,4% de sus gastos en académicos. Pero la U. de Chile destinó cerca de $ 34 mil millones para los docentes, pero pagó $40 mil millones a sus funcionarios. Así, fue la única estatal con mayor gasto en personal que en profesores.
Esto se explica, según Pérez, pues “además del personal no académico, que colabora en las diversas actividades académicas y docentes que realizamos, la alta proporción del presupuesto universitario que debe autogenerarse requiere realizar prestaciones de servicios no docentes, incluidos los servicios hospitalarios clínicos, en las que participa personal no académico, que incluye a profesionales, administrativos, auxiliares, técnicos y directivos”.
El informe
“La Contraloría está impulsando fuertemente una agenda en la dirección de la colaboración comprensiva, con la idea de conformar mesas de trabajo en todos los temas en los que puedan producirse inquietudes”, indica el contralor, Ramiro Mendoza.
Agrega que el informe presupuestario busca “asegurar condiciones de éxito en la búsqueda de mejores estándares de funcionamiento de este sector fiscal (universidades estatales)”. E indica que “es clave que las cifras contables sean explotadas por usuarios y especialistas, para arribar a mejores recomendaciones y análisis de su desempeño”.
Argumenta, además, que el documento es “un instrumento simple pero a la vez efectivo para la búsqueda de mayor transparencia y probidad en las instituciones.”
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