La organización considera que como la demanda de los servicios públicos no cae, las formas de reducir puestos de trabajos pasan por obtener mejoras en la productividad y externalizar servicios.
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Los recortes aplicados en el empleo público en varios países como elemento destacado de sus planes de ajuste durante la crisis son difícilmente sostenibles a largo plazo porque la población demanda servicios públicos, según estimó hoy la OCDE.
"Reducciones significativas en el empleo público son difíciles de sostener a largo plazo, ya que las demandas de los ciudadanos crecen", consideran los autores de un nuevo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los autores de "Panorama de las Administraciones Públicas 2013" indican que aunque muchos miembros de la OCDE han aplicado en el período 2001-2011 (en el que se fija el estudio) recortes o congelaciones de empleo en el sector público, pocos podrán mantenerlos.
La OCDE estima que como la demanda de los servicios públicos no cae, las formas de reducir el empleo público a largo plazo pasa, en primer lugar, por obtener incrementos de la productividad, pero reconoce que estos "raras veces son cuantificables y que pueden asumirse que sean más bien modestos".
En segundo lugar, se puede optar por externalizar servicios, es decir, que el Gobierno de turno pague por ellos pero que los preste el sector privado.
Dentro de la propia OCDE existen grandes diferencias en el tamaño relativo del empleo público: en Noruega y Dinamarca alcanza al 30 % de la población que trabaja, mientras que en México, Corea del Sur, Grecia o Japón es el 9 % o menos; la media de la organización es del 16 %.
Y entre 2011 y 2011 descendió en la mayor parte de los países del conocido como "club de los países desarrollados" el empleo de las empresas públicas en porcentaje del total de la población laboral: en una media del 5,7% en 2001 hasta el 4,7% en 2011, precisó la OCDE.
En relación con la estructura del empleo público, el estudio detectó entre esos años poca variación entre el porcentaje de trabajadores públicos en la administración central y las entidades regionales.
Entre los países donde sí se percibió una mayor descentralización destacaron España, la República Checa y Japón, donde la parte de empleados en los niveles regionales aumentó en 10 puntos o más.
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