Los expertos han cuestionado que el 31% de los fondos del programa Mecesup, del Ministerio de Educación, haya sido destinado a las universidades públicas, mientras que el 69% fue destinado a entidades privadas. El reclamo unánime es la falta de una política clara del Estado respecto de las universidades que son de su propiedad.
Diario Uchile |
El programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP) es una fuente de financiamiento público para proyectos y planes de mejoramiento institucional, principalmente de educación superior. MECESUP constituye uno de los medios de distribución de recursos que el Estado adjudica por medios concursables, lo que significa que universidades públicas que no lucran deben competir por financiamiento. Es decir, su ingreso depende de una fuente variable.
En este trasfondo, la crítica suscitada por la distribución de los fondos MECESUP es que apenas el 31% fue destinado por el Gobierno del Presidente Piñera a universidades públicas, mientras que el 69% fue otorgado a universidades privadas.
En opinión del académico de la Universidad de Chile y director de la Fundación 2020, Mario Waissbluth, esta distribución de recursos da cuenta de un modelo que enfatiza el abandono de las universidades estatales, toda vez que deja al arbitrio de concursos las posibilidades de modernización y preservación de su calidad para el bien del país:
“Te voy a dar el lado claro y el lado oscuro de la luna: Lamentablemente por una política de privilegio de la expansión de la institucionalidad privada en educación superior, hoy día el 90% de la matrícula es privada y el 10% es pública. Hay aproximadamente 1millón 300 mil estudiantes en la educación superior y ese es el lado oscuro de la luna, y eso se ha aplicado en todo tipo de herramientas e instrumentos, no solamente con el MECESUP. La buena noticia, el lado más claro de la luna, es que las universidades públicas, siendo solamente el 10% de la matrícula, recibieron alrededor del 30% de los recursos”, señala.
Por su parte, el presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, Jorge Babul, enfatiza que estos datos ejemplifican el comportamiento de toda la institucionalidad de financiamiento de las universidades del Estado, lo que en meses recientes se confirma además a través del anuncio del Gobierno de traspasar a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) desde el Ministerio de Educación al de Economía, lo que posteriormente fue reconsiderado tras el reclamo de los científicos organizados.
Según Babul, también académico de la Universidad de Chile, el principal vicio de la entrega de estos fondos concursables es la falta de transparencia sobre los criterios con que son distribuidos.
“Lo que a mí me gustaría es que existiera una claridad con respecto al financiamiento de las universidades, cosa que no existe. Vi hoy día un aviso en el diario El Mercurio a doble página, la única universidad acreditada en investigación que es la Universidad Andrés Bello, tiene cincuenta proyectos Fondecyt. Me parece muy bien lo que hace esa universidad, pero si esa universidad tiene ese número de proyectos, si hay cincuenta o cuarenta y cinco facultades de ciencia en Chile, y más o menos tres o cuatro hacen todo el trabajo, ¿qué le estamos ofreciendo a los estudiantes de otras universidades?”, se preguntó el experto.
Los recursos públicos entregados a través del programa Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP) alcanzan a 16.358 millones de pesos.
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