28 nov 2013

jueves, noviembre 28, 2013

Del documento se colige que la revisión que analiza el organismo de control, apuntaría a determinar la legalidad de que los funcionarios municipales detengan sus actividades, independiente de la exigencia de mejoras salariales con la administración de turno. También si le fueron cancelados completamente sus honorarios o bien les fueron descontados de su paga mensual. La decisión de la entidad revisora pone en aprietos a los alcaldes, que deberán cumplir con la orden emanada de la entidad y –es lo más probable- se verán enfrentados a las asociaciones de funcionarios, en plena segunda vuelta presidencial.


The Clinic
En un inédito dictamen la Contraloría solicitó a todos los alcaldes del país información respecto de los funcionarios municipales que participaron en el paro que se desarrolló entre octubre y noviembre para conseguir mejoras salariales. Todo con el fin de evaluar “las auditorías que correspondan”, luego de analizar “los datos consolidados a nivel nacional”.

La decisión adoptada por el organismo fiscalizador, se basó en “su mandato constitucional y legal (…) y velar por el resguardo del patrimonio público”, como también en torno al principio “de probidad y continuidad del servicio”.


El documento que publica The Clinic Online solicita el detalle de cada uno de los de los empleados que adhirieron en la paralización, ya sea de forma parcial o total.

Asimismo, ordena que los ediles informen cuáles fueron las medidas dispuestas por la autoridad comunal, con el fin de contar con los antecedentes objetivos para determinar por qué “no se han desarrollado las funciones para las cuales fueron nombrados o contratados los servidores, incluso en el caso que, no obstante asistir a su lugar de trabajo, no realizaron las tareas propias de su cargo”.

El organismo fiscalizador pidió también las acciones ejecutadas por los ediles para la continuidad de los servicios municipales “que debe prestar a la comunidad”.

A renglón seguido, la entidad revisora ordenó informar si los participantes recibieron remuneraciones completas los días no trabajados.

Incertidumbre


Del dictamen se colige que la auditoría que evalúa el organismo de control, apuntaría a determinar la legalidad de que los funcionarios municipales detengan sus actividades, independiente de la exigencia de mejoras salariales con la administración de turno. También si le fueron cancelados completamente sus honorarios o bien les fueron descontados de su paga mensual.

La decisión de la Contraloría pone en aprietos a los alcaldes, que deberán cumplir con la orden emanada de la entidad y –es lo más probable- se verán enfrentados a las asociaciones de funcionarios, en plena segunda vuelta presidencial.

De esta manera, la entidad revisora hizo eco de la solicitud del diputado UDI Cristián Letelier, quien a principios de noviembre pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del paro municipal, aludiendo a que la Constitución prohíbe la paralización de actividades a los funcionarios públicos. Como también el eventual “abandono de deberes” en que incurrirían los ediles al no tomar las acciones para asegurar la atención de los usuarios.

Hay que recordar que con la paralización debió decretarse alerta sanitaria en Valparaíso y en distintas comunas de Santiago, entre ellas el centro de la capital, se acumuló la basura de varios días.

Luego de varios días de negociaciones, el paro finalizó con un protocolo de acuerdo el pasado 19 de noviembre.

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